El Parlamento Europeo ha aprobado definitivamente este martes el marco legislativo del mercado de las telecomunicaciones, que durante los dos últimos años tantas polémicas y movilizaciones en Internet ha provocado. El texto, pactado a principios de mes y que entrará en vigor en diciembre, recibió el apoyo de 540 eurodiputados y el rechazo de 40.
La norma ya no exige, como hacía en su primera redacción, que sea un juez quien decrete el corte de la conexión a Internet de un usuario que cometa ilegalidades. Esta medida, ya adoptada en otros países europeos como Francia (que tuvo que reconocer como necesaria una resolución judicial), en principio no está en la agenda del Gobierno español.
El “modelo español propio no buscará criminalizar a los usuarios”, repetía la pasada semana la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde. Y es que lo primero a considerar antes de actuar sobre la línea de ADSL es la legalidad de los actos y, en España, descargarse o compartir contenidos protegidos por derechos de autor no está prohibido salvo que haya ánimo de lucro. Los planes de Cultura, por contra, pasan por la inmediata implantación de una plataforma de contenidos legales. González-Sinde también ha afirmado en ocasiones pasadas que “lo más importante es atacar el origen, a quien pone a disposición de todos ese material”.
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